Nuestra historia

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El programa original de TRLA — que se llamaba Texas Rural Legal Aid (Asesoramiento Legal Gratuito para el Texas Rural) — fue creado en 1970 por la Asociación de Abogados Litigantes de Texas con financiamiento federal para nueve condados del sur de Texas. El «padre fundador» fue James DeAnda, de Corpus Christi, quien después se convirtió en Juez Presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

Texas Rural Legal Aid pasó a ser parte de un conjunto de programas existentes que habían sido establecidos principalmente en zonas urbanas como Austin, San Antonio, Corpus Christi, Laredo y El Paso. Todos estos programas subsecuentemente se financiaron por medio de una agencia federal llamada Legal Services Corporation (LSC, Corporación de Servicios Legales) que fue establecida en 1974. En los años siguientes, grupos como Texas Rural Legal Aid, Coastal Bend Legal Services y Legal Aid of Central Texas empezaron a ofrecer servicios en los condados rurales colindantes. A la vez, durante ese tiempo Bexar County Legal Aid, El Paso Legal Aid Society y Laredo Legal Aid Society permanecieron como programas de servicios legales urbanos ofrecidos dentro de los límites de sus respectivos condados. Para 1980, cada condado de Texas tenía algún tipo de «acceso» a servicios legales civiles. En ese entonces, el financiamiento federal casi alcanzó el primer objetivo establecido por LSC, el de ofrecer el financiamiento necesario en todo el país para proveer un abogado por cada 5,000 clientes que reunieran ciertos requisitos.

Con la llegada de la administración Reagan en 1980, empezó un periodo de incertidumbre. Primero, la administración intentó eliminar todo financiamiento federal para cualquier servicio de asesoramiento legal, pero el Congreso insistió en que el programa continuara en funcionamiento. Después, la administración intentó destruir el programa desde adentro, asignando una mesa directiva y contratando personal que era adverso a los propósitos con los que fue creado el programa. El financiamiento federal se recortó a un tercio durante este periodo, y los programas fueron sujetos a un escrutinio intenso.

Algunos incrementos módicos en el financiamiento se registraron durante la administración Clinton, pero LSC nunca recobró los niveles de financiamiento que existían en 1980. Hubo otro esfuerzo por eliminar el programa, esta vez por parte del Congreso, que resultó en que se impusieran nuevas restricciones para los beneficiarios de LSC (en honorarios de abogados, demandas colectivas, representación de prisioneros, cabildeo, restructuración, etc.) y en que se redujera el financiamiento en 1996.

Sin embargo, el estado de Texas empezó a ofrecer su propio financiamiento; primero por medio de fondos provenientes de Interest-On-Lawyers-Trust-Accounts (IOLTA, Intereses sobre las Cuentas de Fideicomiso de Abogados), un programa implementado por el Tribunal Supremo de Texas en 1984. La Texas Equal Access to Justice Foundation (Fundación de Acceso Equitativo a la Justicia de Texas) fue establecida para administrar los fondos IOLTA y después se convirtió en el conducto de financiamiento en todo el estado.

En 2002, bajo la dirección de LSC, los cuatro programas de asesoramiento legal que daban servicio en las zonas de Austin (Legal Aid of Central Texas), San Antonio (Bexar County Legal Aid Society), Corpus Christi/Laredo/Victoria (Coastal Bend Legal Services) y El Paso (El Paso Legal Aid Society) se fusionaron con el programa original de Texas Rural Legal Aid a fin de crear una agencia nueva con el doble de clientes. Para reflejar esta fusión, el nombre de la organización se cambió a Texas RioGrande Legal Aid (TRLA). En el año de la fusión, TRLA proveyó servicios legales civiles a más de 25,000 clientes de escasos recursos que recibieron una gama de servicios, desde consejos y asesoramiento breves hasta litigios extensos en tribunales federales y estatales.